En un giro significativo en la política vitivinícola, las autoridades de producción de Mendoza y San Juan están unidas en la convicción de que el Estado debe reducir su intervención y dejar que el mercado regule la industria. Este consenso ha llevado a la discusión sobre la eliminación del acuerdo de diversificación de la producción de uva, conocido como el acuerdo Mendoza – San Juan.
Inicialmente, en enero se había planteado que este acuerdo no sería eliminado en 2024. Sin embargo, recientemente se retomó la idea de derogarlo por completo. Este acuerdo, que data de 1994, fue diseñado para mantener equilibrados los stocks vínicos, obligando a los industriales a destinar un porcentaje de su producción a otros productos vitivinícolas. Pero ahora, tanto Mendoza como San Juan están cuestionando su relevancia y efectividad en el actual panorama del mercado.
Durante una reunión reciente entre los ministros de Producción de ambas provincias y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, se acordó avanzar en la desregulación de la industria. Se planteó la posibilidad de modificar la ley que rige la Coviar, así como eliminar la obligatoriedad del acuerdo Mendoza – San Juan. Esta decisión cuenta con el respaldo del sector privado, que ha observado cómo las regulaciones a menudo obstaculizan la adaptación de los productores a las demandas del mercado actual.
Se espera que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, determine los tiempos para celebrar reuniones con los legisladores y enviar los cambios propuestos a la Legislatura. Aunque no se ha establecido una agenda de trabajo concreta, la idea de eliminar este acuerdo está ganando terreno, con la perspectiva de permitir que el mercado vitivinícola se autorregule y responda más eficazmente a las demandas cambiantes.
