La medida fue tomada tras detectar irregularidades en los trámites de personas que aseguran ser damnificadas de la última dictadura militar. Desde el Ministerio de Justicia harán una auditoría al respecto.
Este lunes el Gobierno nacional informó que dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran ser víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Esta decisión fue tomada luego haber detectado irregularidades en los trámites, se acuerdo a lo publicado por Ministerio de Justicia.
“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro Mariano Cúneo Libarona, dando cuenta del comunicado.
De acuerdo al texto, difundido a través de la cuenta oficial de X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.
El ministro, integrante del gabinete del presidente Javier Milei, avanzó en la decisión a través de la resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, mediante la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
Entre los fundamentos, Justicia señala que la medida surge a partir de la causa ”Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.
“El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, finaliza el texto que compartió Cúneo Libarona.
