El pronunciamiento del administrador parroquial del Santuario San José, quien sentenció que «Huachi no es un yacimiento minero, es la vida de Jáchal», actuó como catalizador de un inusual acuerdo político en el departamento.
Desde el Justicialismo, el exintendente Jorge Barifusa recordó que durante su gestión se sancionó una ordenanza de prohibición para la zona, remarcando que, aunque la minería aporta desarrollo, las fuentes hídricas representan un límite infranqueable. En la misma línea, José Codorniú (Bloquismo) respaldó la protección de la cuenca, al tiempo que José Roberto Cabanay (La Libertad Avanza) enfatizó que la preservación del recurso hídrico debe unir a toda la comunidad y rechazó de forma tajante cualquier emprendimiento extractivo en el lugar.
El debate legal sobre las normas departamentales
Más allá del consenso sobre la importancia del acuífero para el abastecimiento local, la discusión técnica se traslada ahora al ámbito normativo. El concejal radical Felipe Táñez señaló la necesidad de que el Ministerio de Minería provincial se pronuncie sobre la validez y el alcance de la legislación municipal vigente. En ese marco, se deberá evaluar el encuadre jurídico y la jerarquía entre la ordenanza de protección departamental y las leyes provinciales que regulan la exploración en la etapa actual de la consulta pública ambiental del proyecto Nuevo Panacán.
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