Tras solo un año de ejercer como diputado nacional por San Juan, Eduardo Cáceres planea renunciar a su banca para apostar a la intendencia de la Capital. Aunque muchos defienden la “coherencia y honestidad” del representante del PRO en tal decisión, otros cuestionan la falta de compromiso en el cargo que asumió y rechazan la política saltimbanqui que se generaliza en los distintos partidos.
Por Graciela Marcet
Una vez más, uno de los legisladores que nos representan en el Congreso dejaría el cargo al que llegó tras convencer a gran parte del electorado sobre las bondades de su propuesta, con el fin de seguir el destino que marca la agenda del momento. El diputado nacional y representante del PRO en San Juan, Eduardo Cáceres, hizo pública esta semana su precandidatura a la intendencia de la Capital, después de que Mauricio Macri anunciara a Martín Turcumán como el elegido para aspirar a la gobernación.
Más allá de la interna del partido y de las posibilidades reales de cada uno para alcanzar los cargos de mayor visibilidad local, Cáceres se apresuró a anunciar que renunciará a su banca si siente que la campaña “interfiere” con su rol legislativo. Aunque para muchos se trató de una movida cantada desde hace meses, otros tomaron la noticia con recelo al tener en cuenta que el candidato que anda en colectivo aún debe cumplir tres años de trabajo como diputado nacional.
Rápidamente, desde las filas del PRO salieron a defender su figura, proclamando la “sinceridad y coherencia” del legislador. “No pedirá licencia para hacer campaña, como hace la mayoría, sino que con toda honestidad prefiere renunciar” fue el mensaje que repitieron para apuntalar al diputado que ya el año pasado debió enfrentar otra ola de críticas por el perfecto nivel de inasistencias que alcanzó en las votaciones del Congreso.
Otra de las defensas hacia Cáceres provino de una gran verdad: no es el primero y con seguridad no será el último en hacer este tipo de jugadas. En una muestra de la facilidad con la que los legisladores se deshacen de las promesas que hicieron durante la campaña, son muchos los que dejan los puestos para los que pidieron el apoyo del pueblo con el fin de brincar hacia lugares de mayor poder. Sin embargo, esa defensa no lava las responsabilidades de Cáceres. Peor aún, pone de manifiesto la lamentable legitimación socio-política de conductas que revelan la falta de compromiso con los proyectos asumidos y el poco respeto a los ciudadanos que depositaron su confianza en el cumplimiento de una plataforma.
Contra esta última idea, los saltimbanquis sostienen que los cambios están ampliamente justificados desde “las necesidades del proyecto”. “Yo estoy donde San Juan me necesite” o “el partido hace uso de sus mejores hombres para cubrir los roles más importantes” son los slogans que tienen preparados como casettes. O como dijo en su momento Graciela Camaño, en defensa de actitudes similares, “a la gente solo le importa que el dirigente tenga la capacidad de resolverle los problemas”.
Pero ¿son iguales las soluciones que pueden brindarse desde un rol legislativo que las que pueden ofrecerse desde la función ejecutiva en municipios o provincias? ¿Da igual planificar y sancionar leyes que impliquen avances para el país que dedicar tiempo a resolver la cotidianeidad de la iluminación, cloacas y limpieza de las calles de un distrito? ¿O será que los proyectos actuales son tan caprichosos que cambian de necesidades, jugadores y posiciones al poco de andar? Movimientos de la política como mera estrategia, que utiliza a sus hombres como comodines empleados según la necesidad del juego, y no como verdadero proyecto de país que compromete a sus miembros a largo plazo en pos de los objetivos trazados.
Ausencias, licencias y abstenciones
Los datos oficiales de la participación de nuestros legisladores en el Congreso de la Nación también hablan del escaso nivel de compromiso que tienen muchos en su trabajo. En 2014, la cantidad de sesiones superó a la de años anteriores, con una agenda que incluyó temas de gran importancia para la sociedad, como el adelanto de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil. Sin embargo, el porcentaje de diputados con asistencia perfecta se redujo a menos de la mitad con respecto al año anterior. En el podio de los ausentes estuvo el sanjuanino Eduardo Cáceres que a pesar de haber faltado solo a dos sesiones, alcanzó un 83% de inasistencia a las votaciones, el punto clave de todo debate en el Congreso. Desde el PRO, contrarrestaron los faltazos con el elevado número de proyectos presentados por el diputado, que se ubicó en el top ten de los legisladores que más proyectos presentó en el año. Asismismo, explicaron que el ausentarse de las votaciones respondió a una estrategia para no avalar las leyes que no fueron tratadas de manera adecuada.
Más allá de las razones y contra-argumentaciones, lo cierto es que Cáceres fue una de las figuras menos presentes en las votaciones del primer periodo de su diputación, que podría ser el único si ahora decide abandonar para apostar a la intendencia.
La misma conducta tuvo el año pasado el kirchnerista riojano Javier Tineo, quien pidió licencia a principios del año pasado para asumir como ministro de Producción en su provincia. Y aunque asistió a una sesión, estuvo preparado para reasumir su banca en caso de que al oficialismo se le complicara conseguir quórum en sesiones clave, algo que finalmente no sucedió. Esta estrategia tuvo su antecedente en 2013 en manos de la tucumana Beatriz Mirkin y el chubutense Carlos Eliceche, que luego de ocupar cargos ejecutivos en sus provincias, regresaron a sus bancas para garantizar la sanción del acuerdo con Irán por la causa AMIA.
Otro de los que brilló por su ausencia el año pasado, también con motivos de campaña, fue el precandidato a presidente, Sergio Massa, quien fue el blanco de las críticas en las redes sociales, con carteles que ironizaban sobre la puesta en venta de su banca, bajo el título de “sin uso”.
Un freno a la borocotización y procedimientos afines
Los perjuicios y tensiones que a nivel interno y externo generan las múltiples maniobras realizadas en el Congreso llevaron a que en distintas ocasiones se presenten proyectos para terminar con la conducta acomodaticia de diputados y senadores. En 2008, el bloque socialista en Diputados presentó un proyecto para sancionar el abandono de las bancas por parte de los legisladores que buscan posicionarse en puestos del Ejecutivo. Este proyecto, proponía exigir al legislador que al menos cumpla con la mitad de su mandato e inhabilitarlo para postularse a otro cargo hasta que finalice el período por el que fue elegido. La iniciativa también pretendía sancionar el transfuguismo, conocido en la Argentina como borocotización, en “honor” al médico Eduardo Lorenzo Borocotó, que apenas fue electo diputado nacional por la Capital Federal en 2005 por el macrismo, se pasó sin tapujos hacia el Frente para la Victoria. El castigo propuesto para esta conducta era la “la inhabilitación especial de cuatro a seis años para desempeñar cargos públicos, cuando la conducta obedezca a un acto de corrupción”.
Entre los argumentos de la propuesta socialista, se encontraba la necesidad de poner límites a la “estafa política al ciudadano que ve su voto modificado, su voluntad vulnerada y un completo estado de indefensión ante tales situaciones”.
En San Juan se registraron iniciativas similares en el año 2013, cuando el diputado José Peluc, del bloque Producción y Trabajo, presentó un proyecto que buscaba la sanción con una multa equivalente a 48 sueldos a los diputados que fueron elegidos por el pueblo para ocupar la banca correspondiente a un partido y que tras las elecciones se pasaron a otra.
A pesar de la repercusión que tuvieron en su momento, ninguno de estos proyectos fue aprobado, dejando la vía libre para nuevos transfuguismos y maniobras de diversa índole.
Fomentando el descrédito en la clase política
Cáceres no fue ni será el único. Bajarse de los cargos que involucran el voto del pueblo para acceder a otros de mayor exposición es una práctica común en nuestro país, con múltiples antecedentes en los distintos partidos. Y siempre estarán los que avalen con su voto la consigna de seguir al político hacia donde el “proyecto” lo lleve. Pero también estamos los que seguimos esperando un poco más de nuestros representantes. Los que creemos que ejercer un cargo de diputado o senador representa uno de los honores más grandes para cualquier ciudadano e implica una enorme responsabilidad. Y no somos pocos los que pensamos que las promesas de campaña no pueden ejecutarse en un solo periodo parlamentario, menos aún si en él son más las inasistencias, licencias o abstenciones que la participación activa en cada uno de los debates. Aunque parezca utópico en un país que día a día pierde credibilidad en las instituciones, sigue habiendo argentinos que votamos con ese pensamiento. Porque aunque no haya leyes que lo impidan, siempre estará la sanción social de los que esperamos el fin de las conductas que no suman a nuestra democracia y que solo contribuyen a aumentar el descrédito de la clase política.
