En una reunión entre los mandatarios del Norte y el titular de Interior, Guillermo Francos, el Gobierno presentó un análisis detallado sobre el estado de la obra pública en todo el país.
Se destacó la disposición de la Nación para realizar un «esfuerzo fiscal» destinado a retomar aquellas obras que ya están en marcha y cuentan con financiamiento internacional. Esta señal fue vista positivamente en el interior del país como un gesto de apertura para las negociaciones, aunque persisten dudas y desconfianza en cuanto a los detalles específicos sobre la cantidad y los montos involucrados.
En la Casa Rosada se enfatizó que este tema no se planteó como una moneda de cambio en las negociaciones, sino como una necesidad imperante. Se argumentó que el no completar estas obras financiadas por organismos multinacionales podría acarrear devoluciones con intereses y posibles sanciones, así como dificultades para acceder a estos fondos en el futuro debido a una disminución en las calificaciones.
La presentación en la reunión de gobernadores estuvo a cargo de Bernardo Heredia, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), respaldado por Luis Caputo. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo, la exposición fue breve y no se profundizó demasiado.
Aunque el Gobierno ha mantenido un discurso de ajuste fiscal, internamente reconocen que ciertas concesiones son inevitables. Ejemplos recientes incluyen el aumento del porcentaje para las jubilaciones y una reconsideración en la política de obra pública, que se había presentado como inflexible. Esta flexibilidad es vista como necesaria para lograr una negociación exitosa, especialmente después del fracaso del proyecto «Bases» en Diputados.
A pesar de esta apertura a ciertos cambios, cerca del Presidente se cuidan de no dar la impresión de ceder ante presiones. Se enfatiza que cualquier medida debe ser evaluada en términos de impacto en las cuentas públicas y en el contexto de mantener la meta fiscal establecida.
