TRANSPORTE PÚBLICO

Tregua en el transporte sanjuanino: se reanudó el servicio, pero persisten las diferencias

La tregua fijada por la conciliación obligatoria rige por 15 días hábiles mientras los empresarios abonan retroactivos adeudados.

El servicio de transporte urbano de pasajeros se reanudó en San Juan este jueves a partir de las 18:00, tras una extensa jornada de negociación que puso fin a más de un día y medio de medida de fuerza. El entendimiento alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios agrupados en ATAP permitió destrabar el funcionamiento de las líneas de colectivo, aunque la discusión salarial continúa abierta bajo el marco normativo de la Subsecretaría de Trabajo provincial.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, precisó que la conciliación obligatoria se encuentra plenamente vigente por un período inicial de 15 días hábiles, con opción a prorrogarse por 10 días adicionales. Durante esta etapa de negociación, ambas partes deben abstenerse de aplicar nuevas medidas de fuerza o acciones de protesta, garantizando la prestación regular de las frecuencias para la comunidad.

Acuerdos económicos y tregua laboral

El conflicto se destrabó luego de casi siete horas de discusión en la sede administrativa de la Subsecretaría, donde las empresas asumieron el compromiso formal de efectivizar el pago de las deudas salariales pendientes. El reclamo principal del gremio obedecía a la liquidación de un retroactivo del 10,5% correspondiente al mes de septiembre, cuyo desembolso fue pautado para este viernes 9 de octubre.

Desde el Ejecutivo provincial priorizaron la normalización inmediata del recorrido de colectivos para mitigar las complicaciones ocasionadas a trabajadores, estudiantes y usuarios en general. Si bien la reanudación del servicio otorgó previsibilidad a la rutina urbana, las autoridades instaron a sostener la mesa de diálogo para saldar las diferencias paritarias de fondo de forma definitiva.

El rol de la Subsecretaría y las gestiones judiciales

En relación con el marco legal de la intervención gubernamental, la Subsecretaría de Trabajo actuó en calidad de mediadora para convocar a las partes e impulsar las negociaciones, excluyendo discusiones operativas ajenas a su fuero como la definición de las tarifas del boleto.

En paralelo a la mesa de concertación, la administración provincial había presentado un recurso de amparo ante la Justicia para exigir la restitución del servicio, demanda en la que intervino el juez Rollán. No obstante, la efectivización de la vía judicial no resultó necesaria al alcanzarse el acuerdo directo en el ámbito laboral previo a la resolución de la medida cautelar.

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