Diario Urbano
Inicio › Locales › Revés judicial para la UNSJ: el juez Rago Gallo...
Locales
CONFLICTO EN LOS PREUNIVERSITARIOS

Revés judicial para la UNSJ: el juez Rago Gallo rechazó citar a los gremios y a Nación en el amparo por los días de paro

La Justicia Federal determinó que la responsabilidad de garantizar el recupero pedagógico recae exclusivamente en la casa de altos estudios. Mientras el magistrado define si amplía la medida cautelar para asegurar un 75% de presencialidad ante nuevas huelgas, escaló el cruce entre el jefe de Legales de la universidad y el gremio ADICUS.

18 de noviembre 2026, 09:28 4 min de lectura
La demanda impulsada desde octubre por padres de alumnos de los institutos preuniversitarios para recuperar los contenidos perdidos durante los 42 días de paro docente sumó un capítulo decisivo a favor de las familias. El juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó el planteo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que pretendía incorporar al expediente como terceros involucrados a los sindicatos SiDUNSJ, ADICUS y UDA, además del Estado Nacional y el Ministerio de Capital Humano.
 
Con esta resolución, notificada a las partes este martes, el magistrado acotó el litigio exclusivamente a un enfrentamiento bilateral entre los demandantes y la universidad. El fallo resulta un golpe directo a la estrategia defensiva de la casa de altos estudios, que buscaba desligarse de la responsabilidad al argumentar que la inactividad en las aulas durante 2026 respondió a medidas de fuerza sindicales y al incumplimiento del financiamiento educativo por parte del Gobierno Nacional.

Los argumentos del magistrado

Al fundamentar su negativa, Rago Gallo distinguió entre el origen político o salarial de las huelgas y el objeto puntual del amparo judicial. Según explicó en su escrito, la discusión sobre la legitimidad de los paros, los fondos universitarios o el control laboral estatal forman parte del contexto general, pero resultan ajenos a la cuestión de fondo que debe resolverse en esta causa.

El juez subrayó que la pretensión de los padres no apunta contra los gremios ni contra las autoridades nacionales, sino que se limita a exigir las medidas internas que la propia UNSJ debe adoptar para asegurar la continuidad y la recuperación pedagógica en sus establecimientos. Incorporar a los actores propuestos por la universidad, advirtió, desvirtuaría la naturaleza del proceso.

La disputa por el plan de recupero y nuevas medidas

En paralelo a la definición sobre las partes intervinientes, el expediente mantiene abierta la discusión sobre el cumplimiento de la medida cautelar vigente. Semanas atrás, la Justicia había ordenado a la UNSJ diseñar un esquema de trabajo para compensar las clases perdidas en la Escuela Industrial "Domingo Faustino Sarmiento", la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín" y el Colegio Central Universitario "Mariano Moreno".

Si bien las autoridades universitarias presentaron los cronogramas y dieron por acatada la orden judicial, las familias rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente. Sostienen que los planes presentados no cuantifican con precisión las horas perdidas, no alcanzan a la totalidad de los estudiantes y disfrazan como recuperación actividades escolares ordinarias.

Ante el anuncio de nuevas medidas de fuerza por parte de ADICUS y APUNSJ a comienzos de mes, los padres denunciaron "hechos nuevos" y pidieron ampliar la cautelar. El reclamo concreto que aguarda definición judicial busca obligar a la UNSJ a garantizar, durante cualquier jornada de protesta, un piso mínimo del 75% de prestación del servicio educativo por turno y establecimiento, reasignando personal y horarios en su rol de empleadora.

Tensión paralela y denuncia penal en puerta

El avance de la causa judicial se da en medio de un fuerte enfrentamiento institucional que amenaza con trasladarse al fuero penal. El director general de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano, quedó en el centro de la polémica tras conocerse que participa del reclamo judicial de los padres en su condición de progenitor de un alumno preuniversitario.

Desde ADICUS cuestionaron duramente su postura al señalar que el titular del área jurídica encargada de defender a la universidad no puede actuar "como juez y parte" en una demanda contra la propia institución, apelando a la ética y al sentido de pertenencia.

Miolano salió al cruce mediante un comunicado en el que defendió su actuación a título personal y repudió que se involucre a sus hijos en una disputa gremial. La controversia escaló aún más cuando el funcionario confirmó, en declaraciones radiales, que iniciará acciones legales contra el sindicato docente por haber difundido sus datos personales en redes sociales, conducta que calificó como una violación a la legislación vigente sobre protección de datos.