La propuesta impulsada por el abogado
Marcelo Arancibia busca frenar el impacto del endeudamiento familiar mediante plazos de gracia, quita de intereses y topes a las retenciones salariales. Las estadísticas advierten que
más de 100 mil sanjuaninos se encuentran actualmente en morosidad.
Un proyecto de ley por iniciativa ciudadana fue ingresado en la Cámara de Diputados de San Juan con el objetivo de declarar la emergencia crediticia y mitigar el ahogo financiero de las familias en la provincia. De acuerdo con los relevamientos presentados, existen aproximadamente 315 mil ciudadanos endeudados en la jurisdicción, de los cuales unos 101 mil han caído en mora al registrar atrasos superiores a los 90 días en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Mecanismos de reestructuración y alivio financiero
El texto técnico propone establecer un periodo de gracia de 90 días para los deudores y la habilitación de planes de refinanciación que alcancen hasta 48 cuotas mensuales. En simultáneo, se plantea la reducción de intereses punitorios, moratorios y compensatorios para facilitar la cancelación de los saldos pendientes, aclarando que la propuesta no implica que el Estado provincial asuma las deudas del sector privado.
Protección del salario y exenciones impositivas
Uno de los puntos centrales de la medida busca poner un freno a las ejecuciones y descuentos automáticos que afectan los haberes de los trabajadores, exigiendo el cumplimiento estricto de los límites legales sobre embargos salariales. Adicionalmente, el proyecto prevé la suspensión temporal del impuesto a los Ingresos Brutos, sellados y tasas municipales aplicadas a las operaciones crediticias, junto con un fortalecimiento del asesoramiento gratuito a través de la Dirección de Defensa del Consumidor.
Tratamiento parlamentario pendiente
Tras su ingreso formal, la iniciativa ciudadana requerirá el respaldo de algún legislador o bloque para adquirir estado parlamentario y comenzar su discusión en las comisiones correspondientes. Los fundamentos del proyecto señalan la urgencia de intervenir ante un escenario donde gran parte de la población utiliza financiamiento para cubrir gastos primarios como alimentos, medicamentos y servicios públicos.