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Interés General
RECLAMO POR DÍAS LECTIVOS

Padres de alumnos preuniversitarios recurren a la Justicia Federal para frenar los paros e ir por la recuperación de clases

La presentación colectiva exige una medida cautelar que frene las huelgas docentes en el Central Universitario, la Escuela Industrial y el Colegio de Comercio. Argumentan que la pérdida de 38 jornadas rompe los mínimos constitucionales y reclaman un plan para restituir los días perdidos.

25 de septiembre 2026, 10:31 2 min de lectura
Un grupo organizado de familias de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) radicó una demanda colectiva ante los tribunales federales de la provincia contra la interrupción prolongada del ciclo escolar. A través del patrocinio legal del abogado Mariano Domínguez, los tutores solicitaron un recurso de amparo con cautelar urgente para suspender las huelgas en el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial y la Escuela de Comercio, al acumular cerca de cuatro decenas de jornadas sin dictado de materias. El tribunal evalúa si admite la solicitud y le da traslado a las autoridades universitarias.

El argumento constitucional: 38 días perdidos y derechos vulnerados

La medida judicial se fundamenta en la vulneración directa del derecho constitucional de acceso a la educación. Según lo expresado por la representación letrada del colectivo, la suma acumulada de 38 jornadas sin actividad vulnera tanto el piso de días de clase exigido por el marco normativo nacional como los propios reglamentos de la casa de altos estudios.

Desde el sector de las familias recalcan que la demanda no busca deslegitimar los reclamos salariales ni la protesta gremial de los trabajadores de la educación, sino establecer límites claros cuando el ejercicio de ese derecho vulnera las garantías básicas de los alumnos de nivel secundario.

El alcance de la cautelar y la esencialidad de la enseñanza

El pedido cautelar elevado al fuero federal contempla el cese inmediato de los paros en las tres instituciones involucradas, además de exigir una reprogramación pedagógica que permita la recuperación efectiva de los contenidos y contenidos dictados en las jornadas perdidas.

En la fundamentación de la demanda se resalta además la vigencia de la declaración de la educación como servicio público esencial —la cual exige sostener una guardia mínima del 75%—, criterio sustentado por recientes resoluciones en instancias de Cámara. El planteo representa un antecedente jurídico casi inédito a escala nacional, al registrarse contados precedentes de recursos colectivos impulsados por familias en el ámbito de la enseñanza pública.