El colectivo de p
adres autoconvocados perteneciente a los tres establecimientos de
educación secundaria dependientes de la
Universidad Nacional de San Juan dio un paso clave en su estrategia legal para frenar la interrupción reiterada de las actividades escolares. Mediante la recolección de
189 firmas en una declaración de voluntad colectiva, buscaron afianzar el respaldo social y comunitario antes de la radicación formal de un recurso de amparo ante los tribunales federales.
Esta maniobra busca dar solidez institucional al planteo judicial que encabezan 18 tutores designados. De esta forma, el grupo pretende dejar constancia ante los magistrados de que la exigencia de garantizar el derecho a la educación de cerca de 3.000 alumnos cuenta con una adhesión masiva y excede a los firmantes directos de la causa.
Trámites de escribanía y preparación del escrito
Actualmente, los letrados patrocinantes avanzan en el armado de la estructura procesal y la confección definitiva del escrito de amparo. La causa se encuentra a la espera de la asignación formal de carátula por parte del juzgado actuante, paso administrativo indispensable para proseguir el trámite en la órbita de los tribunales.
En paralelo a la redacción del planteo penal y civil, los tutores debieron afrontar erogaciones económicas considerables para certificar cada una de las firmas ante un escribano público. Cada validación notarial tuvo un valor individual de $30.000, demandando un desembolso global superior a los medio millón de pesos únicamente para esta etapa previa.
Esfuerzo financiero y expectativa familiar
El avance de las medidas legales fue posible gracias al aporte económico coordinado entre los integrantes de la agrupación. Previamente, las familias lograron costear el fondo común fijado en $3.060.000, monto destinado a cubrir los honorarios profesionales, la tasa de justicia y la logística derivantes del recurso.
Desde la representación de las familias aclararon que la medida no pretende vulnerar el derecho constitucional de huelga de los gremios docentes ni desconocer sus reclamos de recomposición salarial, sino evitar que la modalidad de protesta derive en la pérdida sistemática de días de clase. Con la documentación lista y los gastos cubiertos, el grupo espera una pronta resolución judicial para evitar nuevas interrupciones en el ciclo lectivo.