El avance judicial en el expediente por las
presuntas maniobras irregulares en la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar en suspenso. Tras la jornada desarrollada este miércoles 11 de noviembre en Tribunales,
la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el
martes 17 a las 14:30, luego de que los abogados defensores plantearan una nulidad absoluta que paralizó el trámite antes de la resolución de fondo.
El planteo inicial fue promovido por las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, y recibió la inmediata adhesión de los representantes legales del exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y del extitular de OSSE Cristian Andino. Los letrados cuestionan la validez del trámite mediante el cual se resolvió una recusación previa contra la propia magistrada, alegando que en ese paso procesal se vulneraron garantías constitucionales.
Desde el Ministerio Público Fiscal se opusieron de plano al reclamo, calificándolo como una estrategia dilatoria y señalando que las defensas no lograron acreditar ningún perjuicio real derivado de aquel procedimiento. Sin embargo, Lucero resolvió frenar la audiencia para analizar el incidente en profundidad y evitar que la causa avance sobre actos procesales que luego puedan ser anulados.
Qué se define en la audiencia del martes 17
La decisión que adopte la jueza de Garantías la semana próxima resultará determinante para el futuro inmediato de la causa, abriendo dos escenarios posibles:
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Rechazo de la nulidad: Si la magistrada desestima el planteo de los abogados, el proceso quedará habilitado para avanzar hacia la definición sobre la formalización de las acusaciones presentadas por la Fiscalía.
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Aceptación del planteo: Si hace lugar al reclamo, deberá delimitarse qué tramos del expediente pierden validez y cuáles son las instancias procesales que tendrán que volver a realizarse.
Las acusaciones y la situación procesal de los once investigados
Previo a la interrupción, el fiscal Sebastián Gómez concluyó la lectura de la hipótesis acusatoria. La investigación sostiene que existió un entramado de resoluciones administrativas y técnicas diseñadas para beneficiar a Krah América Latina —firma proveedora de los ductos del acueducto— mediante el relajamiento de exigencias, alteraciones en los mecanismos de contratación y omisiones en los controles de calidad.
En el caso particular de Uñac, la Fiscalía le atribuye los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. Junto a él figuran en la nómina de investigados el empresario Gustavo Mastelono, los extitulares de OSSE Cristian Andino, Humberto Caballero, Juan Carlos Caparrós, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y los técnicos Juan Antonio Sánchez, Francisco Correa y Rolando Caruso. El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino —undécimo señalado— no participó de la audiencia por un viaje programado y tendrá su propia instancia judicial.
Pese a que los cargos ya fueron detallados en la sala, desde el ámbito judicial remarcan que la causa aún no superó la etapa de formalización: hasta tanto la jueza Lucero no resuelva el pedido de nulidad y convalide la apertura formal de la investigación penal preparatoria, ninguno de los once involucrados reviste técnicamente la condición de imputado.