La Policía de San Juan atraviesa una grave investigación tras detectarse el faltante de más de un centenar de armas de fuego de la División Armamento. El caso ya fue radicado formalmente ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales y fue confirmado por el subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio.
El armamento sustraído o extraviado forma parte de un lote original de 500 unidades que la fuerza provincial había adquirido en agosto de 2022. La irregularidad saltó a la luz durante un relevamiento y control de inventario de rutina, lo que motivó la rápida intervención judicial y la apertura de actuaciones administrativas sumarias para deslindar responsabilidades.
Unos 30 policías bajo la lupa administrativa
En forma paralela a la causa penal, la Subsecretaría de Control de Gestión inició un sumario administrativo contra "personal a determinar". No obstante, las autoridades confeccionaron una nómina integrada por entre 25 y 30 efectivos policiales que prestaron funciones o estuvieron asignados a la División Armamento desde que ingresó la remesa en 2022.
Todos los agentes de la lista fueron notificados administrativamente e informados a la Justicia provincial. Las autoridades aclararon que la medida busca abarcar a la totalidad del personal que tuvo acceso o custodió el depósito durante el período investigado, a fin de determinar si existió complicidad, negligencia o la comisión directa de ilícitos por parte de algún funcionario.
Relevamiento en curso y perjuicio económico
Hasta la fecha, los organismos intervinientes no han determinado la valuación monetaria exacta de los dispositivos faltantes, dado que se evalúa si el perjuicio patrimonial debe calcularse al costo histórico de adquisición o según las cotizaciones actuales de mercado.
Toda la documentación respaldatoria del inventario y los legajos del personal involucrado quedaron a disposición de los fiscales intervinientes. En tanto, las autoridades remarcaron que el proceso administrativo avanzará de forma simultánea con el fuero penal para aplicar las sanciones orgánicas correspondientes una vez establecidos los responsables.