La investigación judicial que gira en torno a las presuntas anomalías en la obra del Acueducto Gran Tulum dio un salto institucional determinante. La Justicia sanjuanina fijó para el próximo miércoles 14 de octubre, a las 11:00 horas, la realización de la audiencia de formalización de la causa, una instancia clave que estará bajo la órbita de la jueza de Garantías Mónica Lucero.
La citación alcanza de manera formal a las 11 personas que ya habían sido notificadas sobre el curso de la causa penal. En la nómina figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, exdirectivos de la empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y un representante de la firma proveedora de la tubería.
Acusación formal y delimitación de responsabilidades
Durante la audiencia, los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, tendrán la responsabilidad de exponer técnicamente el caso. Deberán detallar ante la magistrada los hechos concretos bajo análisis, los posibles delitos atribuidos, el grado de participación individual de cada involucrado y los elementos probatorios acumulados hasta la fecha.
La causa se originó en diciembre de 2025 tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia a raíz de revelaciones periodísticas sobre el proceso de adjudicación. Las pesquisas buscan determinar la existencia de sobreprecios, anomalías administrativas, afectación al patrimonio público y fallas en el financiamiento internacional de una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes de la provincia.
Allanamiento a proveedores y antecedentes procesales
El avance hacia esta instancia se aceleró tras los procedimientos judiciales concretados en septiembre pasado en las dependencias de la firma Krah América Latina, proveedora de los caños del acueducto. En esos operativos, las fuerzas de seguridad e inspectores incautaron documentación contable y soporte informático que actualmente son objeto de peritajes técnicos por parte del Ministerio Público Fiscal.
Desde la Oficina Judicial Penal precisaron que la concurrencia de los citados a la audiencia no supone una declaración de culpabilidad ni una imputación firme automática, sino la oportunidad formal para notificarse de los cargos concretos y ejercer el derecho de defensa con el patrocinio letrado correspondiente. Previo a esta definición, la Justicia rechazó diversos planteos nulificantes presentados por las defensas de los expresidentes de OSSE que buscaban apartar a los fiscales y a la jueza interviniente.