El Partido Justicialista (PJ) de San Juan cerró filas en torno al senador nacional Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino frente al avance de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la licitación del Acueducto Gran Tulum. Mediante un pronunciamiento institucional, la fuerza opositora expresó su solidaridad con ambos dirigentes y con los exfuncionarios involucrados, advirtiendo que el proceso penal trasciende lo estrictamente jurídico para convertirse en una herramienta de persecución política.
Bajo la consigna "Las diferencias políticas deben resolverse en el ámbito democrático", la cúpula del justicialismo manifestó su "profunda preocupación" por el rumbo que tomó la investigación tras nueve meses de trámite. Según el documento partidario, los argumentos sostenidos para intentar imputar a los referentes del espacio carecen de sustento y muestran un sesgo "profundamente político y mediatizado", lo que a criterio del partido pone en riesgo la imparcialidad institucional frente a adversarios electorales.
Críticas a la gestión actual y llamado a la unidad interna
Más allá de la defensa procesal, el comunicado del PJ incluyó duros cuestionamientos hacia el Gobierno provincial, al que instó a concentrar sus energías en la administración pública en lugar de intentar "judicializar la confrontación con la gestión anterior". En ese tramo, el espacio enumeró una serie de problemáticas que, aseguran, atraviesan hoy los sanjuaninos:
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La paralización de obras públicas consideradas estratégicas en materia hídrica y energética.
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El deterioro de la actividad económica, reflejado en la caída del consumo y la falta de empleo.
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El creciente endeudamiento de las familias y la escasez de oportunidades para los jóvenes.
En el plano interno, la conducción reclamó a su militancia y dirigencia dejar de lado los silencios, las divisiones y las especulaciones individuales para mostrarse "unidos, organizados y comprometidos". Este respaldo institucional se acopla a las expresiones previas vertidas en redes sociales por el diputado Jorge Chica y el exsecretario Francisco Guevara —quienes enfatizaron que "los votos se ganan en las urnas, no en la Justicia"—, así como al apoyo manifestado por el Frente Renovador que conduce Franco Aranda.
Definición clave en Tribunales el próximo martes
El pronunciamiento político coincide con un momento decisivo en el plano judicial. El miércoles se reanudó la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en el expediente caratulado "Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública", bajo la dirección de la jueza de Garantías Mónica Lucero. Durante esa jornada, el Ministerio Público Fiscal completó la exposición de los hechos, las calificaciones legales y el grado de participación atribuido a las once personas investigadas.
Sin embargo, el avance hacia la imputación formal quedó en suspenso tras una ofensiva de los abogados defensores. Los representantes legales de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez —con la adhesión inmediata de las defensas de Uñac y Andino— plantearon la nulidad absoluta del procedimiento, cuestionando el trámite dado a una recusación previa presentada contra la propia jueza Lucero.
Ante la oposición de la Fiscalía, que tildó la estrategia de dilatoria y carente de perjuicio real, la magistrada resolvió pasar a un cuarto intermedio por el plazo legal de tres días hábiles. La audiencia se retomará el martes 17 de noviembre a las 14:30, instancia en la que Lucero comunicará si hace lugar al planteo —lo que obligaría a retrotraer todo lo actuado— o si lo rechaza para dar paso a la eventual formalización de los cargos contra los once implicados.
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