El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan resolvió quitar el beneficio habitacional a ocho adjudicatarios tras detectar irregularidades en el cumplimiento de las condiciones exigidas para conservar los inmuebles. A través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial el pasado martes, el organismo dispuso la revocación de las adjudicaciones en venta, anulando además cualquier acta de tenencia precaria, comodato, permiso de ocupación o asistencia financiera vinculada a dichas propiedades.
La determinación oficial se apoya en lo estipulado por la Ley Provincial N.º 196-A, marco normativo que regula el régimen de viviendas sociales en territorio sanjuanino y faculta al Estado a recuperar las unidades habitacionales cuando se comprueban faltas graves en las actuaciones administrativas de cada expediente.
Los complejos habitacionales incluidos en la medida
De acuerdo con el detalle difundido por la repartición pública —que abarca las resoluciones 004410, 004103, 004545, 004683, 004684, 3812, 3986 y 4634, todas correspondientes al ejercicio 2026—, las propiedades afectadas se distribuyen en ocho barrios y conjuntos de distintos departamentos:
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Albardón – Conjunto 1
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Caucete – Área III
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Ceramista II
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Barrio SUTIAGYF
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Amecom 4
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Virgen del Socorro
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Lozano
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7 de Septiembre IV
Qué dice la ley sobre la pérdida de adjudicaciones
Si bien la notificación oficial no precisa qué falta específica motivó la sanción en cada uno de los ocho casos individuales, sí remite directamente a los supuestos contemplados en la Ley 196-A. Esta legislación establece las obligaciones ineludibles que asumen los beneficiarios al recibir una casa del Estado en materia de uso, pago y conservación.
Entre las causales más frecuentes que habilitan al IPV a dar de baja una adjudicación se destacan el falseamiento de datos en las declaraciones juradas presentadas para acceder al beneficio, la venta, alquiler o transferencia irregular del inmueble sin autorización previa, y la acumulación de tres o más cuotas impagas de manera consecutiva. Con esta publicación, los titulares quedan formalmente despojados de los derechos habitacionales sobre las unidades mencionadas.