San Juan ingresó en la etapa final para establecer la regulación definitiva que regirá el juzgamiento de adolescentes tras la adecuación a la norma penal juvenil nacional. El articulado, que cuenta con una extensión cercana a los 200 apartados, se encuentra terminado y será presentado esta semana ante el gobernador Marcelo Orrego para su revisión técnica y firma del mensaje de remisión hacia la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa busca reemplazar la ley complementaria de transición aprobada por unanimidad a mediados de septiembre, la cual otorgó vigencia provisoria a herramientas como la suspensión del juicio a prueba, la conciliación y el juicio abreviado para las causas con menores involucrados.
Consenso multipartidario e institucional
La confección de la minuta fue el resultado de mesas de trabajo multidisciplinarias que se extendieron durante meses. Del debate participaron representantes de la Corte de Justicia, la Fiscalía, la Asesoría Letrada de Gobierno, colegiados de abogados, la Defensoría Nacional y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, mediante la Dirección de Niñez.
Pese a las divergencias iniciales en torno a la aplicación de determinados institutos procesales, las áreas intervinientes lograron acordar un texto unificado que establece el funcionamiento integral del sistema especializado de responsabilidad penal para adolescentes.
Lineamientos de infraestructura y trámite legislativo
En materia de infraestructura y condiciones de detención, la propuesta normativa se remite de forma directa a las exigencias fijadas por el plexo nacional. En ese sentido, se ratifica la prohibición de alojar a menores de edad en los mismos espacios destinados a la población penal adulta, al tiempo que se exige la provisión de equipos de contención social y asistencia psicológica permanente.
Una vez que la iniciativa reciba el aval del Poder Ejecutivo, el proyecto ingresará formalmente por la mesa de entradas de la Legislatura. Allí será derivado a las comisiones de trabajo, donde no se descuenta la citación a funcionarios judiciales y del Ejecutivo para fundamentar los alcances del nuevo código antes de su debate en el recinto.