El Gobierno de San Juan avanza en la reestructuración y recomputo de la operatoria individual del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un programa orientado a familias que disponen de un lote escriturado pero carecen de los fondos necesarios para concretar la construcción de su vivienda. La principal novedad del esquema que alista la gestión de Marcelo Orrego radica en que el Estado provincial asumirá la cobertura del 100% del costo del proyecto aprobado, modificando el esquema histórico que exigía un aporte del beneficiario.
Hasta diciembre de 2023, momento en que la operatoria quedó congelada, el IPV financiaba únicamente una fracción del proyecto (el 80% del 80% del total), obligando a los adjudicatarios a desembolsar recursos propios para completar la edificación. Según confirmaron las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, el relanzamiento de esta línea de financiamiento está previsto para el transcurso de 2027 y proyecta el otorgamiento de unos 1.000 créditos sustentados mediante partidas del Bono San Juan.
Requisitos técnicos y optimización de proyectos
Para postular a la línea crediticia será condición excluyente contar con el dominio y la escritura del lote a nombre del solicitante, ya que el beneficio no contempla la adquisición de tierras. A su vez, los aspirantes deberán acreditar que no poseen otra propiedad inmueble y ajustarse a los parámetros de ingresos y capacidad de pago que determine el organismo.
Con el fin de hacer viable el financiamiento integral, el IPV ajustó las tipologías y acotó la nómina de metros cuadrados cubiertos. Si bien los beneficiarios podrán valerse de los prototipos preaprobados por las áreas de Planeamiento para agilizar la tramitación administrativa, la ejecución del proyecto requerirá la firma y supervisión de un profesional matriculado.
Selección por sorteo y amortización a largo plazo
Respecto al mecanismo de adjudicación, la administración provincial analiza implementar un sistema de sorteos entre la totalidad de los inscriptos que cumplan con la validación de sus carpetas técnicas y patrimoniales.
En cuanto a la devolución del dinero, si bien los coeficientes de actualización y la tasa aplicable continúan en fase de definición técnica, desde el área de Infraestructura adelantaron que los planes de pago contemplarán plazos extendidos de entre 15 y más de 20 años, asimilando la amortización a los esquemas vigentes para los barrios tradicionales del IPV.
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