El amparo colectivo presentado por familias autoconvocadas de las escuelas preuniversitarias atraviesa una etapa clave en la Justicia Federal de San Juan. Tras la radicación del recurso en el Juzgado Federal el pasado 25 de septiembre, el juez Leopoldo Rago Gallo giró las actuaciones al fiscal federal Francisco Maldonado, quien deberá emitir un dictamen formal sobre la competencia del fuero para abordar el conflicto.
La acción judicial, respaldada por una medida cautelar, busca restituir la continuidad del dictado de clases de manera urgente. De acuerdo con el relevamiento llevado a cabo por el propio colectivo de padres, los alumnos ya acumulan un total de 41 jornadas sin actividad escolar, escenario que motivó el inicio de la demanda.
Respaldo de la comunidad y alcance del reclamo
Para costear los honorarios y gastos operativos del proceso legal, la agrupación —compuesta por más de 600 tutores en representación de aproximadamente 3.000 estudiantes— impulsó una colecta comunitaria que alcanzó los $3.060.000.
Asimismo, la estrategia legal cuenta con el aval explícito de la comunidad educativa:
-
Firmas de acompañamiento: Un total de 189 padres formalizaron una declaración de voluntad para adherir al planteo, sumándose a las 18 personas que figuran formalmente en la carátula de la causa.
-
Recuperación de contenidos: Además de exigir el cese inmediato de la interrupción del ciclo lectivo, la presentación solicita medidas para remediar el perjuicio pedagógico sufrido durante las semanas transcurridas sin aulas.
A la espera del pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal, las familias aguardan una rápida resolución procesal que permita al juzgado expedirse sobre el fondo del reclamo cautelar.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.