La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan
mantuvo un encuentro institucional con las autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para analizar el impacto operativo que genera el
costo de la energía eléctrica sobre las finanzas del sector mercantil. Durante la reunión, los dirigentes sectoriales remarcaron que el servicio de luz representa una carga crítica dentro de sus esquemas de gastos operativos, en una coyuntura signada por la caída de la actividad económica.
La postura técnica del ente regulador y la tarifa aplanada
Por parte del organismo fiscalizador, el vicepresidente a cargo de la Presidencia, Roberto Ferrero, y el gerente Cristian Pelusso detallaron la composición del cuadro tarifario vigente. En esa línea, fundamentaron que el Valor Agregado de Distribución (VAD) —el tramo del costo sujeto a jurisdicción estrictamente provincial que perciben las empresas distribuidoras— se ha mantenido en términos reales por debajo del índice general de inflación.
No obstante, la dirigencia mercantil encabezada por Hermes Rodríguez reeditó un pedido planteado originalmente en 2025: la implementación de un esquema de "tarifa aplanada". La propuesta técnica procura:
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Promedio anual: Estabilizar la facturación en un monto mensual uniforme a lo largo de los 12 meses del año.
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Previsibilidad financiera: Mitigar los picos tarifarios desmedidos que se registran habitualmente entre noviembre y marzo por el uso intensivo de refrigeración.
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Marcos de factibilidad: Evaluar las variables macroeconómicas de estabilidad indispensables para sostener este tipo de mecanismos de compensación temporal.
Fundamentos normativos y próximos pasos
El reclamo gremial empresarial se ampara en los principios estipulados por la Ley Provincial N.º 524-A (Marco Regulador de la Actividad Eléctrica), la cual establece que los cuadros tarifarios deben garantizar valores justos, equitativos y alineados con el menor costo razonable para la sustentabilidad de los usuarios.
Tras el intercambio, ambas partes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente. El objetivo inmediato es arribar a definiciones antes del inicio de la temporada estival de mayor consumo —diciembre, enero y febrero— para evitar que las subas estacionales comprometan la continuidad operativa de los establecimientos comerciales de la provincia.