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CONFLICTO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO

Denuncian penalmente al intendente de Calingasta por no rendir cuentas de su gestión

El presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, acudió a la Justicia acusando a Sebastián Carbajal de incumplir los deberes de funcionario público. Le critican la falta de respuesta a pedidos de informes y la no presentación de los balances municipales desde que asumió en 2023.

29 de agosto 2026, 13:08 2 min de lectura
La tensión política e institucional en Calingasta sumó un nuevo capítulo en los Tribunales provinciales. La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Especiales, bajo el turno del fiscal Adolfo Díaz, formalizó el ingreso de una denuncia penal contra el jefe comunal, Sebastián Carbajal, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Omisión de informes y balances bajo la lupa

La acción judicial fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante departamental, Santos Zárate, quien actuó con el respaldo de otros ediles. El argumento central del escrito señala que el intendente ignoró sistemáticamente las solicitudes de información administrativa interpuestas por el cuerpo deliberativo desde el inicio de su administración a fines de 2023.

Entre la documentación requerida que jamás fue remitida al recinto parlamentario sobresalen los balances contables del municipio, así como una serie de resoluciones clave sobre la administración de las arcas públicas. Tras la presentación, se aguarda que el Ministerio Público Fiscal defina las primeras diligencias para determinar si da curso a la investigación o archiva la causa.

Un escenario atravesado por el faltante de fondos

El conflicto en el departamento cordillerano se produce en medio de un clima político convulsionado por antecedentes recientes. Días atrás, fue el propio Carbajal quien acudió a la sede judicial para denunciar a la ex tesorera de la comuna, Martha Campos, tras detectar un faltante superior a los $107 millones en las cuentas municipales.

Ahora, la fiscalía interviniente deberá evaluar los elementos probatorios aportados por las autoridades del Concejo Deliberante. La resolución del fiscal marcará si el intendente debe responder penalmente por las omisiones administrativas denunciadas en el ejercicio de su función.