La causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum alcanzó una nueva dimensión política y judicial tras la presentación de una denuncia penal en la Capital Federal contra los fiscales de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. La acción legal fue impulsada por los abogados patrocinantes de los exfuncionarios provinciales e implicados en el expediente, según reveló el portal Tiempo de San Juan. La causa ingresó bajo estricta reserva y aún resta definir el juzgado interviniente.
Posibles figuras penales en juego
Aunque no se oficializaron las calificaciones exactas, en los estrados judiciales cobra fuerza la posibilidad de que se acuse a los persecutores provinciales por delitos contra la administración pública. Por un lado, se evalúa la figura de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), aplicable si se determina que dictaron resoluciones contrarias a la ley o de carácter arbitrario. Por otro lado, no se descarta el encuadre por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249), centrado en la omisión o dilación de actos propios del cargo.
El origen del conflicto jurisdiccional
La embestida en los tribunales porteños sobreviene a un contrapunto directo entre la Justicia federal y la provincial. Semanas atrás, el juez federal Daniel Rafecas solicitó al Ministerio Público sanjuanino un informe detallado de las actuaciones a raíz de un planteo de competencia presentado por el defensor Nasser Uzair, representante de los extitulares de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol. No obstante, el fiscal Gómez rechazó enviar el expediente argumentando que, al no haberse formalizado la investigación, rige la reserva de las actuaciones preliminares.
Escenario de máxima tensión institucional
La decisión de la fiscalía local de declinar el pedido de Rafecas funcionó como el detonante para que las defensas llevaran el litigio al fuero federal. La maniobra suma incertidumbre al expediente local —que todavía no concretó la audiencia de formalización de cargos— y abre un frente de disputa directa entre la jurisdicción sanjuanina y Comodoro Py en torno a la validez y el alcance de la investigación.
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