PUJA POLÍTICA EN CHIMBAS

Daniela Rodríguez denunció que el Concejo dejó afuera a más de diez empleados de las recategorizaciones y busca revertirlo

La intendenta cuestionó que los ediles hayan excluido a personal de planta permanente al aprobar la ordenanza. Advirtió que el Legislativo se excedió en sus facultades y confirmó que analiza las vías legales para incluir a los trabajadores afectados antes de promulgar la norma.

La relación institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Chimbas atraviesa un nuevo foco de conflicto, esta vez centrado en la carrera administrativa de los empleados municipales. La intendenta Daniela Rodríguez denunció públicamente que el cuerpo deliberativo excluyó a más de una decena de trabajadores de planta permanente del esquema general de recategorizaciones y adelantó que trabajará para revertir esa decisión antes de promulgar la ordenanza.

Si bien la jefa comunal valoró que los concejales hayan dado luz verde al proyecto, advirtió que el Legislativo avanzó sobre atribuciones que no le son propias al recortar la nómina de beneficiarios. Según precisó la jefa comunal, el proyecto original había sido diseñado bajo un criterio universal, sin distinciones ni arbitrariedades.

El reclamo por las facultades del Ejecutivo

El eje de la disputa radica en la potestad para definir los ascensos dentro de la estructura municipal. Rodríguez remarcó que las recategorizaciones masivas —denominadas "ómnibus"— constituyen una herramienta exclusiva del Ejecutivo y que su gestión las impulsó con el objetivo de alcanzar a todo el personal por igual. "Las recategorizaciones ómnibus son una potestad del Ejecutivo y las hice para todos, no seleccionando a quién sí o a quién no", sostuvo la intendenta al cuestionar el filtro aplicado por los ediles.
Para la mandataria, el recorte introducido en el recinto representa un nuevo condicionante político que obliga a su equipo a revisar la normativa sancionada antes de darle curso definitivo.

Definición en marcha antes de la promulgación

Consultada sobre los pasos a seguir frente a este escenario, Rodríguez aseguró de manera tajante que corregirá las exclusiones, aunque evitó precisar el número exacto de damnificados mientras termina de auditar el listado final, confirmando únicamente que superan los diez agentes.

Con el expediente de la ordenanza en su despacho a la espera de la firma para su promulgación, el equipo legal del municipio evalúa por estas horas cuál es el instrumento administrativo adecuado para subsanar la omisión del Concejo y garantizar que los trabajadores de planta permanente que quedaron marginados accedan a su nueva categoría.

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