TRIBUNALES

Causa Gran Tulum: el Tribunal de Impugnación definirá si la jueza Lucero sigue en el expediente tras declararse la nulidad de lo actuado

La magistrada de Garantías invalidó todo lo resuelto desde el 13 de octubre, incluida la audiencia de formalización que involucra a Sergio Uñac y Cristian Andino, tras admitir que omitió elevar un pedido de recusación en su contra. La investigación sigue abierta, pero su futuro inmediato depende de una instancia superior.

El futuro procesal de la investigación por el Acueducto Gran Tulum quedó supeditado a lo que resuelva el Tribunal de Impugnación, órgano que deberá definir si la jueza de Garantías Mónica Lucero continúa al frente del caso o es apartada. La definición resulta clave luego de que la propia magistrada declarara la nulidad de todo lo actuado desde el 13 de octubre de 2026, dejando sin efecto la audiencia de formalización celebrada un día después en el expediente que tiene bajo la lupa al exgobernador Sergio Uñac y al exintendente de San Martín Cristian Andino.

A pesar del fuerte retroceso que implica anular esa instancia clave, la medida no conlleva el cierre de la pesquisa ni resuelve la situación penal de los involucrados. El Ministerio Público Fiscal mantiene intacta su facultad de impulsar la acusación, y las diligencias previas al 13 de octubre conservan su validez, por lo que el eje del conflicto pasa exclusivamente por una cuestión de forma y competencia judicial.

El error procesal que frenó el expediente

El traspié judicial se originó en el trámite dado a una segunda recusación impulsada por las defensas, que cuestionaron la imparcialidad de Lucero a raíz de denuncias radicadas contra ella. El 13 de octubre, la jueza desestimó ese planteo y avanzó al día siguiente con la audiencia de formalización.

Sin embargo, los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair —quienes asisten a los exdirectivos de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz— advirtieron que la magistrada no tenía facultades para dar por cerrada la discusión sobre su propia continuidad. Según establece el Código Procesal Penal de San Juan, tras rechazar una recusación, el juez debe elevar obligatoriamente las actuaciones a un tribunal superior para que revise esa decisión.

Al analizar la presentación de los letrados, Lucero reconoció haber omitido ese paso legal. Amparándose en el artículo 220 del código de rito, que habilita el saneamiento de actos defectuosos, resolvió retrotraer el proceso al 13 de octubre y remitió de inmediato el incidente de recusación junto con sus antecedentes al Tribunal de Impugnación.

Dos escenarios posibles para la causa

Con el expediente frenado a la espera del fallo del órgano revisor, se abren dos caminos para la continuidad de la investigación:

  • Confirmación de la jueza: Si Impugnación respalda el criterio de Lucero y rechaza el pedido de apartamiento, la magistrada retomará el control de la causa. En ese caso, deberá convocar nuevamente a las partes para reeditar la audiencia de formalización que quedó anulada.
  • Apartamiento y sorteo: Si el tribunal hace lugar al reclamo de las defensas, Lucero quedará fuera del caso y se deberá designar a un nuevo juez de Garantías para que encauce el proceso desde el punto en que fue invalidado.

El debate de fondo sobre la imparcialidad

Más allá de la admisión del error formal, el fallo dejó expuesta una disputa de fondo entre la magistrada y los abogados defensores. Lucero ratificó su postura de que las denuncias promovidas contra un juez con posterioridad al inicio de su intervención en un expediente no bastan, por sí solas, para forzar su desplazamiento. Las defensas, por el contrario, insisten en que esa situación compromete su objetividad y cuestionaron la irregularidad de haber avanzado en el proceso sin garantizar antes la doble instancia de revisión.

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