El Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Calingasta aceleraron las gestiones para implementar un sistema de resguardo integral en la Pampa de El Leoncito. La medida busca frenar la repetición de ingresos indebidos que amenazan la integridad de este espacio de alto valor ambiental, científico y turístico.
En el marco de las actuaciones vigentes, la directora de Patrimonio Cultural, Gladys González, y el intendente Sebastián Carbajal llevarán a cabo un encuentro este 28 de agosto con el fin de delinear estrategias conjuntas de vigilancia y prevención.
Elaboración de un plan de manejo participativo
Desde el área de Patrimonio Cultural precisaron que la meta no radica en clausurar el predio, sino en fijar pautas claras para el uso responsable del suelo. La formulación del plan definitivo requerirá aproximadamente un año de trabajo e incluirá instancias de consulta con la comunidad calingastina y diversos organismos.
La estrategia operativa abarcará los siguientes ejes:
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Control e infraestructura: Instalación de nueva señalización y puestos de monitoreo estratégico.
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Trabajo articulado: Coordinación entre la Secretaría de Ambiente, la Policía de San Juan y la Administración de Parques Nacionales para reforzar la presencia e inspección en la zona.
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Resguardo de la fauna: Evitar los cierres perimetrales totales para no interferir con los corredores biológicos y el desplazamiento de los animales autóctonos.
Causa judicial y severo impacto ambiental
El expediente de la causa incorpora un relevamiento técnico elaborado por especialistas del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El estudio determinó que la huella provocada por la camioneta al circular sobre el terreno húmedo tardará entre cinco y ocho décadas en desaparecer de forma natural.
Actualmente, las autoridades analizan la maniobra técnica para retirar el vehículo siniestrado sin profundizar el daño sobre la superficie. En paralelo, la Dirección de Patrimonio remitió el informe geológico al juzgado interviniente, organismo que deberá resolver la responsabilidad penal y fijar el monto de las sanciones económicas correspondientes para los infractores.