La detección de cinco episodios de abuso sexual contra animales en San Juan durante los últimos dos años encendió la alerta entre las organizaciones proteccionistas de la provincia, que reclaman herramientas judiciales más eficaces y una actualización urgente de la normativa local. La denuncia pública fue realizada por la referente Emilia Merino, quien aseguró haber tomado conocimiento directo de estos hechos y demandó respuestas concretas por parte de los poderes del Estado.
“Acá en San Juan ya tenemos cinco casos de zoofilias comprobados”, afirmó Merino al exponer la gravedad de la problemática, si bien no trascendieron precisiones sobre el estado procesal o las resoluciones judiciales recaídas en cada expediente. Según explicó la activista, una parte significativa de los reportes ingresa a través de llamados anónimos, lo que sumado a la dificultad para recolectar elementos probatorios suele frenar el avance de las causas en la Justicia.
El proyecto para reformar la legislación provincial
Frente a las limitaciones actuales, Merino trabaja desde hace cerca de dos años junto al abogado Adolfo López Martí en una propuesta destinada a modificar la Ley Provincial 2005-L. La iniciativa pretende dotar al marco legal sanjuanino de protocolos específicos frente a este tipo de agresiones, contemplando tanto medidas de control como la intervención psicológica o psiquiátrica para los autores de los abusos.
“Siempre estamos insistiendo, siempre, año tras año”, subrayó la proteccionista al detallar la persistencia de las gestiones realizadas para que el proyecto logre tratamiento legislativo.
Cuestionamientos a la falta de prisión efectiva
Más allá del plano local, Merino apuntó contra la escasa aplicación de sanciones severas bajo la legislación vigente en el país. En la actualidad, la Ley Nacional 14.346 de protección animal contempla penas que van desde los quince días hasta un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad.
Sin embargo, la dirigente sostuvo que en la práctica esos castigos rara vez se traducen en detenciones reales: “El grave problema que tenemos es que no se aplica cárcel. Es muy raro que la apliquen”. Por ello, insistió en la urgencia de agilizar los mecanismos de investigación y reforzar las políticas de prevención para evitar que estas conductas se repitan.
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