Desde el organismo fueron muy claros respecto de la normativa que aplican: las casas del IPV no se pueden alquilar o vender hasta que no sean canceladas. Los titulares tienen que habitarlas o serán desadjudicados.
La finalidad de ayuda social del IPV es irrenunciable, por eso las condiciones para ingresar a la lista de posibles adjudicatarios son estrictas. Debe tratarse, como mínimo, de una familia sin casa o terreno. De eso se desprende que ante la inmediata entrega de la casa, los nuevos propietarios deberían concretar la mudanza en poco tiempo.
Por eso, cuando esto no ocurre se encienden las alarmas dentro del Instituto Provincial de la Vivienda. Es que vender o alquilar las casas antes de proceder a pagarla por completo está prohibido por ley.
“Las viviendas tienen un fin social y deben ser utilizadas a tales efectos”, aseguran las autoridades locales. Por eso sus inspectores están recorriendo los barrios entregados en los últimos años para checkers las situaciones de habitacionalidad. Y cuando encuentren alguna irregularidad procederán a iniciar los procesos de desadjudicación como corresponde.
