La Justicia investiga si la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, su hermano, y un hombre cercano al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, el contador Lucas Gancerain, pidieron y/o recibieron coimas en el marco de una licitación por obras en el Riachuelo.
La causa se abrió a raíz de una de las confesiones en la causa de los cuadernos de la corrupción. Según pudo saber Infobae, uno de los imputados es uno de los empresarios que admitió haber pagado sobornos a la asociación ilícita que recaudaba con los negocios del Ministerio de Planificación.
La lupa está puesta en las palabras de Miguel Marcelino Aznar, presidente de Decavial SA, empresa que tenía la concesión de la Ruta 9 entre Campana y Rosario. En diciembre, Aznar tuvo que volver al juzgado de Claudio Bonadio para declarar en indagatoria en el marco del capítulo que investiga a los concesionarios viales, donde también fueron imputados Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri.
Pero además de la causa por los cuadernos y de esta investigación por las concesiones viales, Aznar fue imputado ahora en una tercera causa que surgió por sus propios dichos como «imputado-colaborador» en el expediente por las anotaciones de Oscar Centeno.
Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, también quedaron imputados Romina Picolotti y su hermano, Juan Miguel Picolotti; otro funcionario de la secretaria de Medio Ambiente, Mario Ferdkin; uno de los responsables de la empresa de Aznar; y Lucas Gancerain, a quien se señala como un hombre muy cercano a Aníbal Fernández por pedidos de dinero que habría hecho cuando estuvo en la jefatura de Gabinete.
Picolotti, que ahora vive en Estados Unidos, deberá ir a juicio oral porque durante su gestión al frente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable –entre 2006 y 2008, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner– utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo o 260 pasajes en avión para ella y familiares que no se justificaban para la función pública.
Gancerain, en tanto, es un contador que estuvo en diferentes puestos en la gestión kirchnerista y quedó a cargo de la Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete, en momentos en que lo condujo Aníbal Fernández. Gancerain terminó imputado en la causa del Fútbol para Todos (en la que Aníbal Fernández está procesado y enviado a juicio), pero la jueza María Servini lo sobreseyó. La diputada Elisa Carrió también lo denunció por presuntas sociedades off shore.
La nueva causa
Todo surgió a raíz de las declaraciones del empresario Aznar. Como las aseveraciones sobre este capítulo excedían la investigación del caso de los cuadernos, Bonadio ordenó extraer testimonios y que otro juez analizara el caso. Por sorteo recayó en manos de Servini. La fiscal Paloma Ochoa decidió abrir una investigación penal en donde quedaron imputados las personas a las que alude Aznar, pero también el propio empresario y uno de sus colaboradores.
Es una de las primeras causas post-cuadernos, en donde se deberá dirimir el rol de un arrepentido y los alcances de su confesión en otro expediente. Por lo pronto, la fiscal pidió corroborar los datos de las licitaciones en cuestión, si la empresa de Aznar resultó beneficiaria y saber qué cargos ocupaban los funcionados mencionados.
El 28 de agosto pasado, Aznar relató ante Stornelli y Rívolo que, más allá de las entregas de dinero que se hizo al ex titular de Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, su empresa Decavial S.A. «se vio forzada a efectuar pagos de similar naturaleza».
Según explicó, en 2007 «nos presentamos en UTE con una empresa de Córdoba, SEA S.A., en una licitación de la Unidad Ejecutora de saneamiento de la cuenca del Riachuelo cuyo nombre exacto no recuerdo que dependía la Subsecretaría de Medio Ambiente. La obra se trataba de la ampliación de la planta de tratamiento de afluentes La Matanza y el contrato fue firmado en Casa de Gobierno en un acto en el que participó el presidente (Néstor) Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y la doctora Romina Picolotti».
Aznar continuó: «Una vez que se inició efectivamente la obra, durante los primeros meses del año 2008, se presentó en mis oficinas ubicadas en la calle Alsina 1450, el ingeniero Mario Ferdkin, coordinador General del área técnica de la Subsecretaría de Medio Ambiente u organismo comitente, quien me solicitó el pago de $50.000 para ser entregados al señor Juan Miguel Picolotti que por ese entonces era el director Ejecutivo del organismo y firmante del contrato». Y añadió: «Tengo entendido que era el hermano de la doctora Romina Picolotti que en ese momento ocupaba el cargo de secretaria o subsecretaria de Medio Ambiente».
«Este requerimiento me lo efectuó de manera personal Ferdkin. Creo que esta fue la primera vez que me reuní con él. Antes de esta reunión no lo conocía. Me explicó que si quería que fuese todo bien con la obra de ampliación, teníamos que pagar. Habiendo chequeado informalmente si era real ese pedido de fondos -creo que fue a través de un funcionario de la Subsecretaría cuyo nombre no recuerdo, no fue una gestión que yo hice personalmente sino a través de un tercero- efectuamos el pago del equivalente en pesos a $50.000», afirmó. Incluso, añadió que Ferdkin quedó en pasar por su oficina, pero que después llamó para avisar que iría otra persona. El empresario dejó el dinero a su secretaria en un sobre cerrado.
De acuerdo con su declaración como imputado-colaborador, «no había ningún acto administrativo pendiente por parte de la Administración» a la hora de pedir el dinero sino que «la obra estaba recién iniciada». «Nos lo exigió a cambio de ninguna contraprestación sino, como al igual que en el caso de Uberti, para evitar problemas futuros en los contratos», dijo Aznar tras hacer hincapié en que el dinero salió de su propio patrimonio y no de la empresa.
Aznar aseguró también que en marzo o mayo de 2008 Ferdkin volvió a aparecer con un pedido similar. «No recuerdo el monto pero era un porcentaje aproximadamente del 0.5% de cada certificado de obra que el mismo debía aprobar», señaló. Explicó que el dinero era para él mismo, pero esta vez Aznar dijo que se negó, lo que atrasó –detalló- «casi un año de la aprobación de las redeterminaciones de precios que estaban a cargo de Ferdkin». Y agregó que hubo un pedido de reunión en la oficina del empresario «en la que trata de convencerme de que accedamos a su requerimiento, a lo que dijimos que no. Su argumentación era que accediendo al pago que nos requería podíamos tener mayor flexibilidad en materia de certificación. No accedimos al pago de estas exigencias».
En 2009, Picolotti fue removida de su puesto, bajo sospechas de corrupción por el uso de fondos públicos para gastos personales. «Con el ingreso de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete de la cual dependía Medio Ambiente se produce una renovación de personal siendo su secretario personal el señor Gancerain quien convocó a una reunión a la que concurre la empresa y personal de la Secretaría y del comitente a fin de resolver los problemas pendientes de la obra –avanzó Aznar en su declaración-. A partir de ese momento la obra comenzó a marchar mejor, pero sorpresivamente quien reemplaza a Ferdkin en las funciones de coordinación técnica fue el ingeniero de apellido Eiras».
«Eiras nos efectúa un requerimiento de pago de $80.000 para Gancerain –afirmó Aznar-. Intentamos chequear el pedido, no lo logramos y no se efectivizó. A eso se agregaron nuevos requerimientos de aportes de parte de Eiras. Él decía que era en representación de un grupo de técnicos del organismo. Quiero aclarar que a Eiras nunca lo atendí personalmente. El mismo trato con el gerente técnico de mi empresa (Alfredo Striglio, también imputado)».
Y resaltó: «Los pagos no se efectuaron, la obra se terminó, tuvimos la recepción provisoria y le entregamos a AYSA. La obra que iba a ser quien la mantuviera y entiendo que debido a nuestra negativa a las exigencias de dinero se paralizaron todos los pagos de las redeterminaciones de precios e intereses por el pago en mora de los certificados que debían ser liquidados automáticamente, según lo establecido el contrato». Cuando declaró como arrepentido, aseguró, todavía no había cobrado «esos importes ni la recepción definitiva de la obra».
Fuente: Infobae.-
