Hace poco más de un año y medio detuvieron a dos empleados del Ministerio de Gobierno, Carlos Alejandro Correa y Mariela Fernández Achem, por supuestas coimas con proveedores del Estado, a los que prometían priorizarlo en una licitación por insumos de limpieza para el Servicio Penitenciario, a cambio de $20.000. Recién en estos días procesaron a Achem, que fue contra el Juez Flores.
El Juez pactó con el proveedor para agarrar a los implicados con las manos en la masa, y el primero citó a Correa en un restaurante. Allí, Correa recibió $10.000, lo que quedó registrado en una cámara oculta. Por otro lado, Fernández se vio complicada por 40 horas de escuchas telefónicas.
A los pocos días el Juez Pablo Flores, a cargo de la causa, dictó la excarcelación para ambos detenidos, a lo que siguió un largo periodo de desorganización fiscal y judicial, en el que hubo demoras de indagatorias e investigación.
Luego de un año y medio, y más, de licencia con goce de haberes para ambos imputados, Fernández Achem fue procesada y arremetió contra las “formas” del Juez Flores, dijo que actúa con “falta de respeto” y en forma “inaudita”.
Las declaraciones de la contadora fueron escritas, para no dar lugar a respuestas ni interrogantes periodísticos, y aseguró que es inocente. De hecho, indicó que se enteró de su procesamiento porque Flores la llamó por teléfono para comunicarle la resolución. No lo habría hecho de otra manera para evitar a la prensa. Además, el abogado de Achem no estaría enterado tampoco.
Como fuera, llama la atención que estas cosas sucedan tranquilamente en los ministerios y “nadie lo sepa”. En una delegación de Gobierno tan importante ¿Es habitual que sucedan estas cosas? Si pecamos de inocentes diríamos que no, porque sabemos que no es correcto.
“mi declaración quedó supeditada a que se nos hiciera entrega de los audios, cosa que hasta la fecha nos fue negado sistemáticamente y sin fundamentos por parte del juez. Sólo se nos hizo escuchar 20 minutos editados de un total de 40 horas de grabaciones, en los que en ningún momento quedo involucrada en la causa”.
Además Achem sostuvo que “estuvimos un año sin poder tener acceso al expediente a pesar de los reiterados pedidos de mi abogado y a 10 días de que mi defensa presentara una nulidad, me termina procesando”.
Sobre su actuación en el expediente cuestionado manifestó que consistió en “dar un dictamen favorable ya que el proveedor cumplía con los requisitos legales exigidos”. Y añadió que “de la lectura de la denuncia surge claramente que el proveedor, Luis Alberto Guerra, de Sin plagas Fumigaciones, en reiteradas oportunidades me desvincula totalmente de la maniobra del pedido de dinero efectuado por el delegado fiscal”.
Aunque ambos empleados poseen licencia con goce de haberes, podrían despojarlos de ese derecho y hasta quedar cesanteados en su cargo.
