Hoy se cumplen 5 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y aunque los tintes políticos enturbiaron el valor de este hecho, es más que significativo.
No todo en democracia es democrático. Hasta el momento en nuestro joven país, signado por un uso hasta irracional de los medios de comunicación por parte de la política, no había concebido una legislación que entendiera a la Comunicación como un Derecho Humano.
Un derecho humano es una garantía que posee solo el ser humano, por el hecho de serlo y desde el comienzo de su existencia. Esto quiere decir que no solo “algunos cuantos” pueden gozar de este derecho, sino que todos y cada uno de los humanos del mundo debemos poder acceder a el.
En este sentido, un grupo de personas independientes y de diferentes organizaciones, denominado la Coalición Cívica, impulsó desde mucho antes de la vuelta de la democracia la necesidad de una ley de medios que concibiera a la comunicación, justamente no como un medio para, sino como un servicio.
Esta lucha de cierto modo se condensó en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el año 2009. Claro que podría pensarse que el motor que impulsó este desenlace fue económico, teniendo en cuenta la discordia entre el Gobierno Nacional y los monopolios mediáticos, como Clarín. Más allá de los tejes económicos, que aún no se resuelven, la esencia de la ley implica un cambio de paradigma que, si bien al principio generó polémica, entiende a la sociedad en su complejidad.
Dar voz, es uno de los mandatos base de la norma, a aquellos sectores que hasta el momento no fueron integrados al circuito de la comunicación o tuvieron el acceso a construir nuevos circuitos. Plantea diferentes concepciones del lucro, la revalorización de lo local, de lo autóctono, y para ello, la desconcentración de los grandes monopolios, contrario al “si no vende, no sirve”.
He aquí el resonante conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín, y una de las “manchas” que no nos deja mirar con ojo crítico la ley, apreciarla y más importante, colaborar para su aplicación plena. No deberíamos pensar en los intereses K detrás de la Ley, de lo obsoleto, sino valorar lo que este antecedente legal implica.
Hoy, 5 años después, de a poco se notan adaptaciones de los medios a la ley, pero queda mucho camino por recorrer.
