La Cámara de Proveedores Industriales y Mineros de San Juan (CAPRINSA) sumó sus reparos a la controversia generada por la adjudicación de las obras de un campamento minero en el proyecto Vicuña a una corporación de origen chino. El titular de la entidad, Fernando Godoy, rechazó los argumentos sectoriales que justifican la contratación en una supuesta falta de idoneidad local, asegurando que el entramado metalúrgico y constructivo argentino dispone de la infraestructura y las certificaciones de calidad internacional necesarias para asumir este tipo de desarrollos de gran escala.
La principal preocupación de los empresarios locales radica en la desarticulación de la cadena de valor interna y el bajo impacto socioeconómico que dejará la obra en la provincia. De acuerdo con el análisis de la cámara, la firma extranjera prefabricará el grueso de las estructuras e insumos fuera de las fronteras nacionales, limitando su vinculación con el mercado sanjuanino a la contratación de servicios logísticos y de montaje básico, lo que priva a los talleres locales de una oportunidad clave de reactivación.
Para la conducción de CAPRINSA, esta determinación corporativa contradice de forma directa las premisas de generación de empleo, compre local y desarrollo comunitario que promueven las operadoras mineras. El dirigente advirtió que prescindir de los proveedores argentinos erosiona de manera severa la "licencia social" de la actividad, alimentando cuestionamientos públicos sobre la efectiva distribución de la riqueza y el derrame económico de la minería en las zonas de influencia directa de los yacimientos.
Finalmente, Godoy demandó una revisión en la transparencia de los procesos licitatorios, señalando que las pequeñas y medianas empresas suelen desconocer las pautas de invitación y selección en los megaproyectos. En este contexto, el empresario ratificó su respaldo al proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero que actualmente evalúa la Cámara de Diputados de San Juan, considerándolo un instrumento regulatorio indispensable para establecer reglas claras, predecibles y equitativas que garanticen que la expansión de la minería beneficie al conjunto del sector productivo provincial.
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