El Gobierno nacional evalúa alternativas para cancelar deudas y reactivar el proyecto vial. Las constructoras exigen fondos inmediatos debido a los altos costos operativos que demanda la reactivación del trazado clave entre San Juan y Mendoza.
La potencial reactivación de las tareas de ampliación en la Ruta 40 Sur generó una cautelosa expectativa en el sector de la construcción, aunque las empresas adjudicatarias sostienen firmes reparos debido a los sucesivos incumplimientos financieros acumulados. Mientras las autoridades de la provincia indicaron que la administración central busca instrumentar un mecanismo para regularizar los pagos atrasados, desde el ámbito corporativo advirtieron que la vuelta a las actividades estará supeditada a desembolsos efectivos que permitan afrontar la compleja estructura de costos que exige una obra de tal envergadura.
El reinicio del proyecto no se reduce únicamente a la continuidad de las labores físicas, sino que demanda un fuerte gasto logístico inicial. Las firmas viales explicaron que la reactivación obligará a realizar una fuerte inversión para el montaje de campamentos, el traslado de maquinaria pesada, la recomposición de la cadena de suministros y la recontratación de la mano de obra que había sido desvinculada tras el freno de las actividades.
El plan de trabajo pendiente ingresará, además, en una de sus fases técnicas más costosas. Entre las tareas prioritarias se encuentran la pavimentación de un extenso sector y la edificación de tres puentes de cruce a distinto nivel localizados en el tramo que une Tres Esquinas con Cochagual, en el departamento Sarmiento; intervenciones que exigen pagos anticipados para la adquisición de insumos críticos.
La parálisis de la obra pública civil en este corredor vial tuvo su momento de mayor tensión cuando la unión transitoria de empresas resolvió disolver el contrato original ante la falta de pago, una medida que conllevó el despido de aproximadamente 120 operarios. Si bien en los últimos meses se analizaron alternativas como el traspaso de la jurisdicción de los trabajos a la órbita de la provincia o la cancelación definitiva del proyecto, la resolución del conflicto depende ahora exclusivamente de la propuesta formal de regularización que presente la Nación.